Salcedo (Cotopaxi). La Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal de Salcedo lidera el proceso de revisión y actualización de la ordenanza que regula al Cuerpo de Bomberos del cantón. Esta acción se impulsa luego de que la Contraloría General del Estado realizara observaciones preliminares sobre varios procedimientos administrativos y de personal de esta entidad.
Entre los puntos señalados por el ente de control se encuentran el concurso de méritos y oposición para aspirantes y la designación del jefe de la institución. Según los análisis, la ordenanza actual presenta vacíos y contradicciones con la Ley de Defensa Contra Incendios y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), generando alertas sobre su legalidad y aplicación.
Frente a este escenario, el cuerpo edilicio decidió avanzar en la elaboración de una nueva ordenanza sustitutiva. La concejala Natalia Santamaría, integrante de la comisión, señaló que este proceso busca “fortalecer el respaldo legal para una institución clave en la atención de emergencias del cantón”. Además, añadió que se trata de una acción preventiva, ya que el informe de la Contraloría aún se encuentra en fase preliminar.
“El objetivo es garantizar que el Cuerpo de Bomberos opere bajo un marco normativo claro, transparente y alineado con la ley nacional. Eso brindará seguridad tanto a la institución como a la ciudadanía que confía en su labor”, puntualizó Santamaría.
El nuevo proyecto normativo será debatido en sesión plenaria del Concejo Municipal, donde se prevé realizar ajustes técnicos y jurídicos necesarios. La intención es aprobar la ordenanza en las próximas semanas, para que la entidad bomberil cuente con una regulación actualizada que facilite su accionar.
Aunque los cuerpos de bomberos tienen autonomía administrativa y financiera, su funcionamiento está regido por normativas locales. Por ello, el Concejo Municipal asume la responsabilidad de revisar y fortalecer el marco legal vigente.
Desde el municipio se reitera que esta decisión no obedece a una crisis interna, sino al compromiso institucional de corregir falencias y prevenir futuras observaciones. El proceso se realiza con apertura y transparencia, con la participación de técnicos y asesores jurídicos del GAD.
